IZQUIERDA UNIDA ARANJUEZ
Justo ayer, el Banco Santander comunico mediante Burofax, a otras 3 familias vulnerables que viven en pisos con protección pública en régimen de alquiler en el barrio de la Montaña su intención de desahuciarles de los mismos. Además de una demanda judicial de Desahucio que recibía otra de las familias afectadas.
Este hecho coincide precisamente con que este mes hace dos años que Global Licatal SA, fondo buitre cuyo único propietario es el Banco Santander, iniciará el proceso de desahucios de casi 50 familias vulnerables socialmente del barrio de la Montaña. De esas cincuenta familias iniciales, ya sólo quedan 26, ya que todas las demás o han sido desahuciadas ya, o se han visto obligadas mediante acoso inmobiliario a abandonar sus viviendas, incluso encontrándose en medio del Estado de Alarma del año 2020, decretado para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19.
Pero no es sólo eso. Estas nuevas comunicaciones de desahucios se están produciendo justo en la misma semana en la que los vecinos de la Montaña se manifestaban multitudinariamente en la plaza del Ayuntamiento para lograr que los grupos políticos municipales tomarán cartas en el asunto. Además, claro ésta, de denunciar esta situación en los medios de comunicación.
Es obvio, para las familias afectadas que estas nuevas notificaciones y desahucios iniciados no son más que represarías del Banco Santander por todo las reclamaciones y denuncias que estás 26 familias están realizando en defensa de sus derechos.
Señalan las propias familias:
“Deben investigarse esas estafas masivas y la vulneración de nuestros derechos fundamentales. No puede ser que solo nosotros estemos viendo indicios claros de delito que se comete contra nosotros.”
¿Qué va primero, las personas o los intereses de los bancos?
Esa es la pregunta que todos tenemos que responder.
Las familias con recursos reducidos no deben tener menos oportunidades, o ninguna… por eso existe una Política Social, una OFICINA MUNICIPAL DE ANTIDESAHUCIOS Y MEDIACIÓN CON LA PROPIEDAD, que debe actuar conforme la política social establecida de la Banca en coordinación con el Ayuntamiento. Es el programa ANTIDESAHUCIOS, junto con la Política Social de la Banca, que deben dar intervención integral de esas familias y así evitar los desahucios, renovar los contratos de Alquiler VPO, y ayudar a la inserción e integración social necesaria para que tengan su vivienda , derecho constitucional básico, para las familias más vulnerables…también. Se trata de 26 familias que por sus reducidos ingresos y vulnerabilidad social, y de estado de salud, son objeto de desahucio por BANCO SANTANDER, de sus viviendas habituales – en arrendamiento VPO – precisamente habiendo accedido a las mismas por esta misma situación en las que se encuentran ahora – reducidos ingresos, especiales necesidades, vulnerabilidad, situación de riesgo de exclusión social…y ahora, sin más – SE LES ACOSA, NO SE
LES RENUEVAN LOS CONTRATOS, SE LES DESAHUCIA. Y TODO ELLO, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA ESPECIFICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL BANCO SANTANDER, E INCUMPLIENDOSE LAS MEDIDAS DE ESCUDO SOCIAL DURANTE LA PANDEMIA COVID- 19 Y EL PROPIO ESTADO DE ALARMA…
Esas son las alegaciones y reclamaciones de las familias afectadas, que solicitan que lleguen a la Administración, ya que y pese a que han registrado múltiples reclamaciones en tal sentido – hasta la fecha no han recibido ni una sola respuesta.
Es el Ayuntamiento que, como Administración más cercana, debe atender con eficacia las necesidades más básicas de nuestra ciudadanía, de esas 26 familias concretas, en especial necesidad por ese acoso inmobiliario en proceso de desahucio que sufren por parte del banco Santander.
Ya que los desahucios indebidos por parte de esos fondos financieros continúan…y las familias no son un producto financiero… “somos familias humildes, trabajadoras, pensionistas, con derecho a educar con dignidad a nuestros hijos, y cuidar a nuestros mayores en esos bloques sociales… no se trata de familias de segunda…