ALBERTO MARTÍN
En el mes de diciembre hemos presenciado como el Tribunal Constitucional intervenía en el poder legislativo, un hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia. La actual mayoría conservadora del Constitucional ha amordazado el parlamento para frenar la reforma legislativa que permitía renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandado estaba caducado desde hace cuatro años. Se trata de un hecho muy grave y que deja ver hasta qué punto los poderes fácticos están dispuestos a hacer con tal de defender sus intereses, incluido no respetar la soberanía popular.
Es evidente la instrumentalización política que se hace de la justicia, el PP ha utilizado su mayoría conservadora dentro del Poder Judicial con fines claramente políticos, aunque eso suponga no respetar el resultado en las urnas de 2019, donde se alcanzó una mayoría progresista. Esta utilización abusiva de la justica para obtener réditos políticos no es exclusiva de nuestro país, en Latinoamérica hemos sido testigos de situaciones similares. Es bien conocido el caso de Lula, el actual presidente de Brasil, que sufrió en sus propias carnes un caso de “lawfare”, el juez Sergio Moro le metió en la cárcel por corrupción, impidiendo de esta manera su reelección y allanando el camino de Bolsonaro, luego se demostró que no fue para nada imparcial y así lo confirmó el Tribunal Supremo del Brasil.
Esta instrumentalización de la justicia no sería posible sin la ayuda del poder mediático, el cual influye directamente en la opinión pública. Los medios de comunicación, en su mayoría conservadores, crean un relato alternativo al de la propia realidad, donde el problema no reside en el abuso que hace el PP de la justicia, sino que radica en el propio gobierno y en su deriva totalitaria por querer controlar las instituciones. Es tal el punto de propaganda que son capaces de realizar un manifiesto en “defensa de la democracia” firmado por ilustres “periodistas” como Federico Jiménez Los Santos, Javier Negre, Isabel San Sebastián o Carlos Herrera.
Ya hemos visto cómo opera de manera conjunta y al unísono la derecha política, judicial y mediática en nuestro país, pero es necesario decir que no solamente predominan elementos reaccionarios dentro de la judicatura y en los medios de comunicación, sino también entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es de sobra conocido el caso de los mensajes de Whatsapp de los ex altos mandos del Ejército aclamando fusilar a “26 millones de hijos de puta”, lo que no se conoce tanto es que dentro de esos mensajes se hablaba abiertamente de dar un golpe de estado con la ayuda del rey Felipe VI e implantar un régimen provisional con Margarita Robles a la cabeza. Finalmente, no tuvo lugar, pero permite ver hasta que punto se consideran las fuerzas reaccionarias como legitimas para querer usurpar el poder, incluso con la fuerza.
Hoy en día los golpes de estado tradicionales, por la vía militar, han sido remplazados por la vía judicial, lawfare, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Son más difíciles de percibir, ya que cuando pensamos en un golpe de estado enseguida nos viene a la cabeza Tejero pegando tiros en el Congreso de los Diputados o bien el golpe militar contra la Segunda República en 1936, pero no por ello debemos restarle importancia, con estos mecanismos de desestabilización se busca socavar nuestra democracia y pretender conseguir lo que no pudieron obtener por las urnas. En mi opinión es necesario hacer una depuración democrática de los elementos reaccionarios de nuestras instituciones si verdaderamente queremos tener una democracia plena.