David Moreno González
DESHAUCIOS EN EL BARRIO DE LA MONTAÑA
Primera parte: el problema.
A principios del 2020, Haya Real Estate, una empresa de referencia en el mercado español de gestión del crédito y activos inmobiliarios, empezó a notificar a más de 50 familias residentes en pisos con protección pública en régimen de alquiler situadas en el barrio de la Montaña, que sus contratos finalizarían próximamente, debiéndolas abandonarlas en el plazo indicado. Sólo a algunos de los vecinos se les dio la oportunidad de renovar el alquiler, pero a un costo totalmente inasumibles, como puede ser una subida de la renta en casi un 85%, asumir los gastos de la comunidad de propietarios, el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o varios seguros, como puede ser de impagos, entre otras, es decir, gastos que, en cualquier otro contrato de arrendamiento de vivienda, son asumidos íntegramente por el propietario.
Transcurrido dos años de aquello, de esas 50 familias iniciales, ya tan sólo quedan 26. Los 24 restantes o fueron desahuciadas, incluso estando en vigor el estado de alarma decretado en aquel año para hacer frente a la pandemia producida por el Covid-19, incumpliéndose las medidas del escudo social establecidas por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, o se han visto obligadas a asumir esas nuevas condiciones para no verse en la calle, a sabiendas que no podían hacerlas frentes.
El plazo para que la mayoría de las familias abandonen sus pisos es el próximo 28 de febrero del presente año, día en el que finaliza la ampliación de las medidas establecidas del escudo social en materia de vivienda según decreto el Gobierno el pasado 26 de octubre del 2021.
Segunda parte: el PAU de la Montaña.
A partir del 2001, en Aranjuez se inició las obras de desarrollo del Programa Actuación Urbanística (PAU) de la Montaña, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio del 1996.
Este programa consistía en la urbanización de 2.796.000 metros cuadros de suelo urbanizable no programado del cual, de forma mayoritaria, se debería destinar para uso residencial y para uso del sector terciario de ocio, hostelería y comercio.
En cuanto al uso residencial, el programa se basa, a grandes rasgos, en la construcción de viviendas unifamiliares aislada y pareadas, es decir, lo que comúnmente se les conoce como chalet independientes y adosados. Aunque también se previó la construcción de varios bloques de viviendas, de los cuales, algunos de ellos se destinaron a vivienda con protección publica tanto en régimen de compraventa, como de arrendamiento.
En cuanto al uso suelo destinado al sector terciario de ocio, hostelero y comercial, como ya todo el mundo sabemos, se planeo la construcción del Gran Casino de Aranjuez, un centro comercial, un hotel y hasta un campo de golf, que, actualmente, todos estos negocios se encuentran cerrados.
Por todo lo demás, el barrio carece de dotaciones públicas, a excepción de un colegio privado concertado, esto es el Colegio Literator, y una futura Iglesia, que se construirá en la parcela 513, valorada en más de dos millones de euros y cedida gratuitamente a la diócesis de Getafe por el Ayuntamiento de Aranjuez.
Pero para poder interpretar este desarrollo urbanístico es necesario que echemos la mirada atrás y recordemos que era España y Aranjuez a comienzos del siglo XXI.
Desde inicios del 1985, España entro a formar parte de la Comunidad Económica Europea, hecho que ha marcado el devenir económico nacional hasta nuestros días. Pasamos por la modernización económica de los años 80, que tuvo dos grandes consecuencias. Por un lado, la modernización supuso la desindustrialización nacional, convirtiendo a España en un país con una economía basada en el sector servicios. Por otro lado, el modelo laboral español sufrió un profundo cambio caracterizado por la precariedad laboral que sufrirían y sufrimos las generaciones que a partir de la década de los 90 nos incorporamos al mundo del trabajo.
En 1989, y más concretamente en junio de aquel año, España incorporó su divisa nacional, por aquel entonces la peseta, al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo. Para algunos autores, mediante esta incorporación, se esperaba la consecución del objetivo de lograr “las ventajas de crear las condiciones de estabilidad y certidumbre necesarias para obtener todos los beneficios de la integración europea” que no era otro más que la entrada de miles de millones de divisas europeas en la economía nacional.
En 1992, se firmo el Tratado de Maastricht, que dotó a la Unión Europea de su denominación actual y del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común que, en diciembre de 1995, se acordó que se denominaría “euro” y cuya implantación se produjo exitosamente a partir de enero de 2002. Todos y todas nos acordamos de aquellos tiempos en el que el valor de las cosas se duplicaba en cuestión de meses. Las tiendas de todo a 100 dieron lugar a las de 1 euro. Y si una barra de pan costaba 25 pesetas, en cuestión de semanas pasaron a costar los 40 céntimos de euro.
Pero pese a la desindustrialización, a la precariedad laboral de millones de jóvenes, y al encarecimiento de la vida, todo parecía ir económica bien, principalmente por el empujón económico que supuso el boom inmobiliario y el de la construcción, favorecido, por un lado, por la cantidad de divisas internacionales que llegaban y que se canalizaban en ese sector a través del crédito fácil y las hipotecas a 35años, por el otro, por la liberalización de suelo que supuso la Ley del Suelo del 1997 del primer gobierno de Aznar.
Como bien dijo L. Ramírez, en un articulo redactado para Expansión, «buena parte del crecimiento más reciente de la economía española se explica por el auge de la construcción». Y es que, desde inicios del presente siglo XXI, en España se vino superando la cifra de 700.000 viviendas anuales de nueva edificación y, sin embargo, desde 1997 al 2005, el precio de ésta aumento un 177%, lo que en su momento equivalía a siete veces el crecimiento de los salarios.
Pero tampoco podemos olvidar el importante papel que jugo las entidades locales en todo esto. Y es que, «la compra de terrenos supone un 24% del coste final del inmueble. El crecimiento del precio del suelo tiene relación directa con la financiación de las Haciendas Locales, ya que los consistorios utilizan este bien público para hacer caja».
En este contexto económico y social es en el que se desarrolla el PAU de la Montaña, en un momento de expansión económica, basada en el boom inmobiliario, un momento de crédito fácil y de hipotecas a 35 años, pero en el que aumentaba la precariedad laboral y crecían las bolsas de los nuevos trabajadores pobres que se veían obligados a irse de sus barrios obreros del área metropolitana en busca de un piso en los extrarradios, ya que allí la vivienda era más barata y, por lo tanto, asequibles a sus salarios.
En efecto, el Pau de la Montaña es un ejemplo más de esa urbanización, que podemos denominar «neoliberal», de chales adosados para una nueva clase trabajadora aburguesada con dos coches, de prole matriculada en colegio privado, asiduos a un ocio a su medida de centro comerciales y campo de golf y adictos a la misa de los domingos, para agradecer al más allá, lo que tienen gracias a la explotación de los trabajadores del más acá. Una clase trabajadora aburguesa de pijos progres, que conviven de puerta a puerta con los «pobres», con los trabajadores y trabajadoras más desfavorecidos por la modernización neoliberal, que viven en bloques de pisos de protección pública mal construidos. Un barrio de grandes casinos, de centros comerciales, y campos de golf, pero carente de cualquier servicio público, habitual en cualquier barrio humilde urbano, como un centro de salud público, una guardería o colegio público, un centro de mayores municipal, o una oficina de empleo regional.
Tercera parte: la hora de los buitres
El diccionario de la RAE dice que un buitre es un ave rapaz, de cerca de dos metros de envergadura, con el cuello desnudo, rodeado de un collar de plumas largas, estrechas y flexibles, de cuerpo leonada que se alimenta de carne muerta. Pero también añade que un buitre es una persona que se ceba en las desgracias de otros.
A principio de agosto del 2007, Blockstone anunció su quiebra. Días después le siguió American Home Mortgage, el décimo prestamista hipotecario más grande de Estados Unidos, el banco alemán IKB, y el National City Home Equity. A mediados del mes de agosto, la crisis se había trasladado a todas las bolsas del mundo y los medios de comunicación se hicieron eco del informe de agosto emitido por el Banco Central Europeo (BCE) que alertó de que se daba comienzo a «una crisis financiera en varias etapas por pinchazo del capital riesgo y las hipotecas suprime». De esta forma se dio inicio la primera crisis financiera del siglo XXI, alimentada por una década de especulación urbanística y de hipotecas basura o suprime. El precio de la vivienda toco mínimos históricos, y la destrucción de puestos de trabajo, primero vinculados a la construcción y luego a todos los demás sectores alcanzó picos históricos.
Esta es la época de los desahucios, de Stop Desahucios y de la Plataforma Afectados por las Hipotecas, de los rescates financieros a la banca, de los recortes en derechos sociales, de las reformas laborales y de las pensiones. Es el momento del 15M y del no nos representa. Pero también era el momento de Cerberus, de Blackstone, de Leon Star, de Global Licata y de Haya Real Estate, entidades financieras que, como buitres, vieron la posibilidad de hacer negocio a costa de la desgracia que vivían millones de familias de las clases trabajadora, empobrecidos por la Crack Financiero del 2008.
En un primer momento, las viviendas con protección pública del barrio de la Montaña fueron propiedad del Banco Santander y gestionadas por la empresa Altamira Inmobiliaria, empresa de propiedad del banco hasta que en 2014 traspasó el 85% de su capital al fondo buitre estadounidense Apollo.
En 2015, según la alcaldesa de Aranjuez, la Comunidad de Madrid descalificó dichas viviendas, que pasaron a ser vivienda libre sin protección pública, en virtud del artículo 10 del Reglamento de Vivienda con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Y en 2018, el Banco Santander decidió vender una cartera de inmuebles residenciales por un importe de unos 1.535 millones de euros, al 55% de su valor bruto contable. Aunque la mayoría de esas viviendas fueron a parar a manos del fondo buitre Cerberus Capital Management LP, una parte, entre las que se encuentra las viviendas afectadas del barrio de la Montaña, pasaron a ser propiedad de la empresa Global Licata, cuyos propietario es el mismo Banco Santander, y son gestionadas por Haya Real Estate, que es una filial española del fondo de inversión Cerberus, y que cuenta como consejero a José María Aznar Botella, el hijo de José María Aznar y de Ana Botella, esa alcaldesa de Madrid del Partido Popular que vendió casi 3.000 viviendas públicas a Fidere, conglomerado empresarial español, filial de Blackstone, y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal, y ese presidente de Gobierno, autor, como decimos, de la La Ley del Suelo 1997, que lo liberalizó, dando riendas sueltas a la especulación urbanística que le siguió.
Pero esto no sólo paso en Aranjuez, sino que se reprodujo en otros muchos municipios de la Comunidad, como en Getafe, Torrejón de Ardoz y San Sebastián de los Reyes y fuera de la Comunidad, como en Illescas.
Es por ello, que en el 2019, el Grupo Parlamentario PSOE de la Asamblea de Madrid llevo un Proposición No de Ley (la PNL 90/2019) mediante la cual, entre otras cosas, se acordó la creación de una mesa de dialogo con la Dirección General de la Vivienda, las empresas de fondos de inversión inmobiliaria, los ayuntamientos y los representantes de los vecinos de los bloques afectados con el fin de garantizar una protección a las familias más vulnerables y una negociación no abusiva por parte de los propietarios en los nuevos contratos de arrendamientos.
Y de esta forma llegamos al principio, es decir, al año 2020, año en el que Haya Real State, como decimos, comunicó a más de 50 familias del barrio de la Montaña residentes en viviendas VPP en régimen de alquiler, que sus contratos finalizarían próximamente.
En el Ayuntamiento de Aranjuez se acordó llevar este conflicto a la mesa de dialogo habilitada a través de la PNL 90/2019. Sin embargo, dos años después de esto, esta mesa de dialogo ha demostrado ser más que una pantomima, que en nada o en muy poco está ayudando a las familias, ya que, como decimos, durante estos dos años, se ha saldado con el desahucio de casi 24 familias del barrio de la Montaña, más las últimas cartas que han llegado estas últimas semanas.
Ahora, los vecinos y vecinas, que ven que el próximo 28 de febrero termina la moratoria establecida por el Gobierno, temen que yo no haya nada más que hacer y se ven directamente en la calle, si los poderes públicos no hacen nada al respecto.
POSTDATA
Cuando este artículo estaba en las “rotativas”, nos llega la noticia de que el PSOE, PODEMOS e IN-PAR han registrado una propuesta que será debatida en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el miércoles 26 de enero, en la cual piden, entre otra cosa, una convocatoria de la mesa de diálogo con la Dirección General de la Vivienda, el Ayuntamiento de Aranjuez, la representación de los vecinos y vecinas afectados del barrio de la Montaña y el fondo de inversión Global Licata, con el fin de llegar a un acuerdo en el que se garantice la protección a las familias y que el Ayuntamiento declare como “Non Grata” para nuestro municipio a la empresa financiera Global Licata SA. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría de los concejales del consistorio, gracias a los apoyos de grupo municipal ACIPA.