IZQUIERDA UNIDA ARANJUEZ
Los vecinos y vecinas afectadas por los fondos buitre de La Montaña, ante el desahucio inminente de casi 30 familias, se ponen en contacto con Izquierda Unida Aranjuez siendo este el único partido que les apoya en la denuncia de esta situación y divulgación del siguiente comunicado:
Hace apenas unos meses, el fondo buitre Global Licata SA, cuyo único socio es el Banco Santander, inició un procedimiento para expulsar de sus viviendas a casi 30 familias del barrio de la Montaña. Familias que, al encontrarse en situación de vulnerabilidad, les fueron concedidas en régimen de alquiler con protección pública (VPP). Y es que, como decimos, entre estas familias encontramos a personas con dependencias, personas mayores con rentas bajas, mujeres victimas de violencia machista, familias numerosas, etc.
Pero esto no es nuevo. Ya, desde el 2020, el fondo buitre del Banco Santander ha desahuciado de sus viviendas a más de 50 familias en situación de riesgo social, encontrándonos, además, en el estado de alarma, decretado en aquel año para frenar la pandemia del COVID-19.
Ahora, los vecinos y vecinas afectados denuncian que se encuentran totalmente desamparados y abandonados por parte de los poderes públicos.
Y es que, aunque la propia alcaldesa, Dª María José Martínez del Partido Popular, se comprometió a reforzar la Oficina Municipal de Intermediación ante Situaciones de Desahucios en febrero del 2020, en realidad, dicha oficina, nunca ha parado ni un solo desahucio, ni ha salvaguardado los derechos legales de los vecinos afectados, ni siquiera ha mediado en su interés. Dicha oficina cuenta con una única trabajadora, la letrada Doña Ana de Juan, que atiende únicamente por la tarde y sin refuerzo alguno. Una vez más, nos topamos con la desidia, la dejadez y la política de cosmética del Partido Popular, que pese a que se compromete ha tomar una serie de medidas, no dejan de ser más que meros anuncios que nunca llegan a materializarse.
En esta situación, los vecinos y vecinas afectadas denuncian que, en la mayoría de los casos, no se les atiende en la oficina si no por teléfono, en los casos en los que llegan hablar con la letrada, ésta no toma decisión alguna ni presta asesoramiento, ni ayuda, tan sólo se queda impasible, a la escucha de los relatos de las personas afectadas. Es obvio que, los vecinos y vecinas amenazados por el Banco Santander, no sólo necesitan a alguien que los escuche, sino que, además, necesitan a alguien que se tome las molestias, al menos, de asesorarles y de llevar a cabo las acciones necesarias que se requieran.
Tres cuartas partes suceden con los servicios sociales municipales, los cuales no atienden las solicitudes de citas que muchos vecinos y vecinas afectadas han realizado, se ven obligados a registrar sus peticiones vía telemática. Y, de la misma forma, los que han sido atendidos, se les niegan a facilitarles el informe que acredita su situación de vulnerabilidad económica y social, informe necesario por otra parte para intentar para los desahucios por vías judiciales.
Pero el abandono y desprecio hacia estas familias no sólo proviene por parte del Ayuntamiento y su alcaldesa, sino también por parte de los partidos de la oposición que, hasta día de hoy, ni han encontrado un hueco en su agenda para reunirse con los representantes de los afectados, ni si quiera han realizado su labor de oposición, como es la de vigilar que el actual equipo de gobierno lleve a cabo las acciones a las que se comprometen y que los servicios públicos que prestan sean lo suficientemente adecuados a las necesidades demandadas.
Pero si alguien tiene merecida una mención especial esa es la concejala del PSOE, Eva Celdrán de Paz, que, aun viviendo en el mismo barrio, es decir, apenas a unos cuantos pasos de las familias afectadas, no ha encontrado tiempo para reunirse con nosotros.